Por Eduardo Camacho Rivera
¿Hablamos del inicio de una serie de sucesos impulsados tal vez por la presidenta Claudia Sheinbaum, para deshacerse de esas nefastas obras públicas del AMLISMO que son un lastre económico y un estorbo para su imagen y gobierno?
Tarde o temprano la bomba iba estallar con las escandalosas y monumentales corruptelas del huachicol fiscal, el AIFA, la supuesta refinería “Dos Bocas” y el Tren Maya, todo ello una pesadilla heredada a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien por fin parece decidida a deshacerse de esas obras insignias del repudiado ex presidente Andrés Manuel López Obrador, adulado en su momento por gobernadoras, gobernadores y legisladores sin ninguna dignidad que ahora callan ante la verdad del desastre económico ocasionado por el ex mandatario nacional ante el que se arrodillaban, porque nunca nadie se atrevió a contradecirlo o a hablarle con la verdad sobre el inminente fracaso de sus faraónicas e inservibles obras chatarra.
Aquí mismo en Quintana Roo veíamos esa vehemente reverencia del poder local hacia López Obrador, pero ahora callan, pese a las atrocidades de las citadas obras públicas, particularmente el Tren Maya en el caso de nuestro bello pero desventurado sureste mexicano, con un Tren Maya que no funciona y que ahora enfrenta suspensiones judiciales y acusaciones de etnocidio ante la justicia federal, la cual ordena la protección urgente de los recursos naturales en la Península de Yucatán, en respuesta a la falta de transparencia en los programas de restauración del Tren Maya.
Como ya lo hemos documentado en Revista Digital QR, el Tren Maya no es un proyecto, es un capricho del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en 2025 culmina su periodo como mandatario dejando al país en una crisis sin precedentes, con desfalcos como el tema de huachicol fiscal (al menos la descomunal y monstruosa cifra de 600 mil millones de pesos perdidos); el AIFA; la “refinería” Dos Bocas y su obra obsesiva: el Tren Maya que habría de llevar el progreso al sureste de México, pero sin estudios de planeación, viabilidad e impacto.
No funcionó pero fue un gran negocio para sus hijos Andres Manuel y José Ramón López Beltrán, quienes se encargaron de entregar los trabajos de construcción a empresas privadas a cambio de jugosas “comisiones”, al grado de que la obra terminó costando más de cuatro veces de lo presupuestado al inicio: de 3 mil millones de pesos, terminó costando más de 20 mil millones de pesos, todos ellos vertidos a la basura por la ineficiencia de un Tren que no funciona y que además ocasiona pérdidas de al menos 1 millón de pesos por día.
La obra fue formalmente realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional, el ala militar más poderosa de México, cuyos mandos sucumbieron a la corrupción, tomaron su generosa parte de dinero y dejaron los trabajos en manos de los voraces hijos del ex presidente López Obrador.
Algo muy similar ocurrió con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería -que no refina- “Dos Bocas” y el escándalo de corrupción más grande y desastroso en la historia del país: el huachicol fiscal, en el que ingresaban -desde los EE.UU,- millones de litros de gasolina y diésel al país pero declarados como aditivos o aceites quemados, y por tanto pagaban una bicoca de costos y sobre todo casi cero impuestos, para después venderlos como lo que realmente son: gasolinas y diésel a precios del mercado nacional, con ganancias superiores al 75 por ciento de los pagos ilícitos que hicieron en su adquisición.
Fue el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica el que descubrió y anunció el tremendo fraude cometido en pipas y buques atestados de gasolinas que eran descargadas en México como desechos petroleros industriales. Sólo dos mandos medios navales han sido detenidos durante los ya más de tres años del escandaloso caso del huachicol fiscal, aunque eso sí: han sido ejecutados más de 20 personas, entre mandos militares de bajo rango y empresarios que se involucraron en el sucio negocio.
EL TREN MAYA PARECE INICIAR SU DESCARRILAMIENTO DEFINITIVO
El Tribunal Colegiado ha dictado una suspensión definitiva que representa un hito en la disputa legal en torno al sureste mexicano. Esta orden judicial exige a las autoridades pertinentes implementar de forma inmediata acciones de verificación, inspección, conservación y resguardo en las obras del Tramo 5 del Tren Maya, que conecta Cancún con Tulum. La resolución de este tribunal dirige la atención hacia la Subprocuraduría de Recursos Naturales y la Dirección General de Delitos de la Profepa.
IMPACTO AMBIENTAL DEL TREN MAYA: RETOS Y OPORTUNIDADES
La incertidumbre persiste en torno a los programas de restauración ambiental. Hasta la fecha, los avances no han sido divulgados públicamente, ni se ha confirmado si las medidas adoptadas son conformes a las normativas nacionales e internacionales solicitadas.
A pesar de ser el proyecto insignia de infraestructura de la administración para fomentar el turismo, el Tren Maya ha dejado una huella profunda en el ecosistema.
Diversas organizaciones han subrayado que la construcción destruyó parte de la selva de la Península de Yucatán, contaminó cenotes estratégicos y fragmentó los ecosistemas locales. Estos perjuicios han sido reconocidos incluso por el propio Gobierno Federal en el polémico Tramo 5.
Esta falta de transparencia ha motivado la intervención judicial para garantizar que las autoridades ambientales realicen sus funciones de supervisión de manera efectiva.
Histórica sentencia internacional por ecocidio y etnocidio
En el contexto actual, esta nueva suspensión definitiva en el sistema judicial mexicano impone la obligación a las autoridades competentes en materia de protección ambiental de proceder con celeridad.
La resolución internacional es clara al exponer las omisiones del gobierno en la protección de los derechos de los pueblos mayas peninsulares. En este sentido, el documento publicado establece una postura inequívoca respecto a la justicia ambiental: “El Tribunal responsabiliza al Estado Mexicano por la violación de estos derechos fundamentales de la Naturaleza y de los Pueblos Mayas peninsulares”.
A finales de 2025, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza ratificó una sentencia histórica donde se considera que el proyecto ferroviario cometió ecocidio y etnocidio. El fallo, dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria Alicia Bárcena, reconoce la violación irrefutable de los derechos de la naturaleza y de las comunidades originarias.
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