Por Eduardo Camacho Rivera
De enorme beneficio para la ciudadanía sería que la gobernadora Mara Lezama lograra gestionar la reapertura de las oficinas de la Profeco en las ciudades de Cozumel, Playa del Carmen y Chetumal, cuyos habitantes se encuentran a merced de la voracidad de empresas y comercios que han aprovechado, a placer, la ausencia de esa importante instancia defensora de los consumidores.
A la lacerante inseguridad pública que lástima a los habitantes y visitantes de Quintana Roo, hay que añadir la muy cuestionable ausencia de dependencias como la Profeco, que desde hace ya algunos años cerró sus oficinas en Cozumel, Playa del Carmen y Chetumal. El SAT mantiene sus oficinas pero redujo en las capital del estado su personal y servicios, por lo que para realizar trámites mayores es necesario trasladarse a su sede en Cancún.
Todo lo anterior, en detrimento de la economía y los bolsillos de miles de familias quintanarroenses, gracias a la “brillante” decisión de algunos funcionarios de escritorio que, desde la Ciudad de México y bajo el argumento de la “austeridad republicana” y el fabuloso pretexto de la pandemia del Covid, decidieron cerrar las representaciones de la Profeco y limitar los servicios del SAT en la capital del estado.
Ambas oficinas, y posiblemente otras más que por el momento escapan a la memoria, son más que necesarias no solo en Chetumal, Playa del Carmen y Cozumel, sino en cada uno de las cabeceras municipales que hay en la entidad.
¡Vaya! Si la ocurrencia de trasladar la Secretaría Federal de Turismo (Sectur) a Chetumal fue un fiasco, como ha sucedido con todas las secretarías que supuestamente se reinstalarían en los estados de la República, es imprescindible contar –al menos- con las instituciones que procuran resarcir los daños ocasionados a la ciudadano por empresas abusivas.