Por Eduardo Camacho Rivera

Columna Trasfondos

Las agresiones del gremio taxista de Cancún a operadores de Uber y turistas no cesan, lo que representa un preocupante y recurrente hecho que perjudica la vida turística del aún más exitoso destino turístico del país.

De por sí las ejecuciones, extorsiones, robos y demás delitos que cotidianamente ocurren, amenazan muy seriamente el prestigio (o lo que queda él) de Cancún y Quintana Roo.

El tema de los taxistas empeora la problemática. Denota desorden, descomposición, falta de autoridad. Pero tampoco se puede decir que todo es blanco o negro. Varios factores inciden en estos negativos sucesos.

Primero, se debe recordar que los sindicatos de taxistas, como lo es el “Andrés Quintana Roo” del municipio de Benito Juárez, se empoderaron política y económicamente durante las pasadas administraciones estatales, en una conveniencia mutua que beneficiaba –y beneficia aún- a las dos partes: sindicatos y gobierno estatal.

Por eso despierta sospechas la aparente pasividad de las autoridades estatales y municipales de Benito Juárez, para “meter en cintura” a los dirigentes, concesionarios y conductores que promueven e incurren en actos violentos.

Hay por supuesto grandes intereses de todos los niveles en el tema de las placas de taxis: servidores y ex servidores públicos, empresarios, periodistas y “amigos” del poder poseen una, varias o numerosas concesiones de taxis.

El arribo de Uber -y de otras plataformas en el futuro- amenaza la prosperidad económica lograda por quienes recibieron o se otorgaron concesiones a placer.

El Congreso del Estado ya “trabaja” en el análisis de las adecuaciones legislativas, y en realidad la pretensión principal es establecer un impuesto estatal a Uber por cada servicio otorgado.

Las imágenes de este miércoles, con un taxista amenazando, piedra en mano, a una conductora de Uber que transportaba a turistas extranjeros que desde luego se angustiaron, vuelve a desatar suspicacias  por estos ataques al parecer alentados por los dirigentes taxistas, ante una postura casi indolente de las autoridades.

Es comprensible que no todas las agresiones pueden ser evitadas, pero también ha sido evidente la mano tibia de la autoridad. La mayoría de los agresores siguen impunes, felizmente libres tras haber delinquido.

No se trata tampoco de defender a Uber, sino de llamar a las autoridades a que asuman su responsabilidad, con una actuación enérgica y oportuna.

Los cancunenses y casi todos quienes habitan o trabajan en Quintana Roo, viven con un temor cotidiano, debido a las barbaridades cometidas por los diversos grupos del crimen organizado y por la delincuencia común.

Es necesario entonces, darle cuanto antes la vuelta a este asunto de los taxistas violentos.

Bastante tenemos ya con la mala imagen y los nada honrosos sitios que ocupa Cancún en las encuestas y estadísticas sobre la inseguridad pública.

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